España limita las prácticas no laborales y se adelanta a Europa
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma que busca frenar el abuso de las prácticas no laborales y situar a España entre los países europeos con mayor protección para los jóvenes en formación. El texto, impulsado por el Ministerio de Trabajo y aún pendiente de tramitación parlamentaria, aspira a que las prácticas se conviertan en una experiencia realmente educativa y no en una vía encubierta de empleo precario.
Según informó Cadena SER, las prácticas deberán tener un carácter exclusivamente formativo y no podrán superar las 480 horas en el caso de las extracurriculares. Además, el número de becarios en una empresa no podrá exceder el 20 % de la plantilla, con un máximo de dos en pequeñas compañías. El anteproyecto exige también tutorización efectiva, con un límite de cinco personas por tutor, y un plan de aprendizaje individualizado.
Las empresas deberán cubrir gastos de transporte, manutención o alojamiento en caso de prácticas no remuneradas y registrar sus programas en la plataforma del SEPE. Las infracciones graves podrán acarrear sanciones de hasta 225 000 euros, según datos de Mundo Posgrado. Además, los becarios quedarán incluidos en la Seguridad Social, un avance significativo tras la medida que permitió cotizar por prácticas no remuneradas, con más de 900 000 jóvenes beneficiados en el primer año, de acuerdo con El País.
Europa busca un estándar común
La regulación de las prácticas en Europa sigue siendo desigual. La Quality Framework for Traineeships de 2014 apenas estableció recomendaciones voluntarias, y muchos países mantienen vacíos legales. La Comisión Europea trabaja en una Directiva sobre prácticas de calidad que pretende fijar normas mínimas en todos los Estados miembros — remuneración básica, tutorización y límites de duración — pero el consenso político aún está lejos.
De acuerdo con Euronews, casi la mitad de los tres millones de becarios europeos no recibe ningún tipo de compensación económica. Francia y Alemania ya aplican remuneración obligatoria en ciertas prácticas, mientras que Italia y Portugal adoptan modelos mixtos; en el caso portugués, las becas cofinanciadas deben alcanzar el 80 % del salario mínimo nacional.
España, en cambio, se ha centrado más en la supervisión y protección social que en la remuneración directa. Su modelo prioriza el control, la transparencia y la cotización, pero aún deja abierta la cuestión del pago obligatorio, una diferencia clave respecto a sus socios europeos.
Implicaciones para empresas y estudiantes
El nuevo marco legal obligará a las empresas a replantear sus programas de prácticas. Deberán garantizar una tutorización real, justificar el contenido formativo y asegurar que los becarios no sustituyan puestos estructurales. La inspección laboral tendrá un papel esencial en la fiscalización.
Para los estudiantes, la norma representa un paso adelante: más garantías, cobertura social y límites definidos. No obstante, la falta de una remuneración universal mantiene la brecha entre quienes pueden permitirse realizar prácticas no pagadas y quienes no. Desde el entorno académico, varios rectores han advertido del riesgo de que las compañías reduzcan el número de convenios si el marco resulta demasiado rígido. Tal como recoge Cinco Días, la clave será equilibrar protección y viabilidad empresarial.
España, a medio camino entre la protección y la oportunidad
El anteproyecto español responde a un problema estructural: la precariedad juvenil en el acceso al empleo. Si logra aplicarse con rigor, el Estatuto del Becario puede transformar la figura del estudiante en prácticas y servir de ejemplo para el futuro marco europeo.
Sin embargo, el éxito dependerá de dos factores: la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento y la voluntad de las empresas para asumir el cambio cultural que implica tratar al becario como talento en formación y no como mano de obra temporal. En un continente donde el empleo juvenil sigue siendo frágil, la reforma española podría marcar el inicio de una nueva etapa, más equitativa y sostenible.
